Gustavo Vidal Lascano, secretario de Organización Penitenciaria de Córdoba, dijo que existía una estructura para el delito que «no admitía más validaciones».
A 100 días de la intervención del Servicio Penitenciario de Córdoba, con toda su cúpula detenida y una investigación en marcha a cargo del fiscal Enrique Gavier, habló con Gustavo Vidal Lascano, quien desde el 12 de diciembre se desempeña como secretario de Organización Penitenciaria de Córdoba.
«Era una situación que no admitía más validaciones», dijo el interventor en referencia a la detención de la cúpula del Servicio y los numerosos imputados. Y recordó que el principal objetivo es normalizar el sistema que se encontraba «descabezado».
En este marco, confirmó que en el interior de las cárceles «existía una estructura para el delito».
Desde la intervención, señaló que se han secuestrado más de 600 aparatos electrónicos ilegales, incluyendo celulares. Y pese a que se intensificó la intensidad de los inhibidores utilizados para bloquear señales móviles, recientemente recibieron presión de las prestadoras para bajarlos a raíz de las quejas presentadas por usuarios externos (por ejemplo vecinos de la localidad de Bouwer) que se ven afectados por las medidas en el interior del penal. «Se ha hecho un trabajo bastante importante en cuanto al hallazgo de estupefacientes y facas y todo lo que ingresa y está prohibido», planteó.
Respecto a la propuesta del fiscal Garzón de construir más cárceles debido al crecimiento exponencial de detenidos, Vidal Lascano reconoció que hay una superhabitabilidad en los establecimientos penitenciarios.
Recientemente se trasladaron cerca de 400 internos a un nuevo módulo de admisión en Bouwer para desocupar parcialmente UCA, aunque se espera que vuelva a ocuparse rápidamente.
«Ha aumentado el delito pero el crecimiento aparece fuerte como respuesta a la sociedad porque hay más detenidos», analizó.
