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YPF: quién es el abogado que defiende a Argentina y cobra 1.800 dólares la hora

Está a cargo de la estrategia legal del país en el juicio que enfrenta el Estado por la expropiación de la petrolera en el 2012.

El gobierno argentino se aprestaba a formalizar la apelación de un fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a dos fondos buitres que sostienen un litigio en su contra por la expropiación de la petrolera en 2012. En este contexto, salieron a la luz detalles sobre los especialistas legales que representan a la nación en tribunales de Nueva York.

Los fondos en cuestión son Burford Capital y Eton Park, y la sentencia estipula que Argentina debe abonar USD 16.100 millones, a lo que se suman intereses que ascienden a USD 2,5 millones diarios. Hasta la fecha, los intereses acumulados superan los USD 1.500 millones.

De acuerdo a informes de Bloomberg y The Wall Street Journal, uno de los abogados del presidente estadounidense, Donald Trump, lidera la estrategia legal de Argentina en este litigio sin precedentes, tanto por el monto en cuestión como por la implicación de un país soberano.

Este profesional es Robert Joseph Giuffra Jr. co-titular del estudio Sullivan & Cromwell, quien cobra aproximadamente 1.800 dólares por cada hora dedicada a este relevante caso. Giuffra Jr. y su equipo también fueron contratados por Trump para apelar su condena penal relacionada con un pago de USD 130.000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

En lo que respecta al litigio contra Argentina, la conexión con Giuffra la establecen los equipos de la Procuración del Tesoro de la Nación, entidad oficial encargada de salvaguardar los intereses judiciales del país.

Fuentes en los bufetes de Nueva York describen a Giuffra Jr. como un abogado de renombre que se considera cercano a la jueza Loretta Preska, quien reemplazó a Thomas Griesa en el Distrito Sur de Nueva York y emitió el fallo significativo sobre la expropiación de YPF.

Este juzgado ha sido el escenario de todos los casos relacionados con los defaults de deuda desde 2001 y las expropiaciones realizadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

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