Terapeutas, transportistas, fonoaudiólogos y acompañantes terapéuticos, entre otros, no cobran desde hace meses sus honorarios. La protesta es nacional y busca visibilizar las necesidades del sector.
Rocío Gigena Lirusso es abogada y mamá de un niño con discapacidad, explicó a Diversidad que los reclamos y medidas de fuerza que estamos viendo en estos días se debe a que las personas que prestan algún servicio relacionado al área de la discapacidad como terapeutas, transportistas, fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos, etc, no cobran sus honorarios desde hace meses.
«La mayoría desde el mes de marzo y algunos privilegiados desde el mes de mayo de este año«, detalló.
Si bien es cierto que en el mes de julio, desde el Gobierno Nacional se estableció un aumento en los montos establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, (que es el que fija montos de lo que se abona por sesión o prestación), Gigena Lirusso advierte que «ese aumento queda desvanecido en el transcurrir de los meses sin cobrar, debido a la gran inflación por la cual está atravesando nuestro país».
«El reclamo es para que se efectivice el pago de los honorarios por el trabajo realizado durante los meses de marzo al corriente y que se regularice la cadena de pagos definitivamente», subraya.
«Los prestadores de salud reclaman a las obras sociales el pago de los montos y las obras sociales se desentienden manifestando que el Gobierno Nacional -concretamente la Superintendencia de Servicios de Salud- no libera el pago del reclamo, quien a su vez, tira la pelota a la Afip acusándola de no cumplir en tiempo la obligación de validar las facturas ya rendidas para proceder al pago de las mismas, convirtiéndose en un ir y venir de delegación de responsabilidades donde nadie se hace cargo, y los profesionales siguen sin cobrar y sin tener plata ni para asistir a sus consultorios a seguir trabajando», manifiesta.
A este escenario se suma una preocupación más y es un proyecto de DNU proveniente del Ejecutivo para crear un Fondo Nacional con el dinero del Tesoro de la Nación, destinado para la cobertura de las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con Discapacidad.
La propuesta es que eso sea administrado íntegramente por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
«Este proyecto establece, además, que los fondos serán para la cobertura de las prestaciones identificadas en el Anexo I (que acompaña el decreto), el cual dejaría de lado las prestaciones de rehabilitación (terapias de psicomotricidad, fonoaudiología, terapia ocupacional, etc) que son fundamentales para las Personas con Discapacidad», advierte.
«Se estaría estatizando lo concerniente a discapacidad«, alerta y asegura que con esta medida «se están violentando los principios básicos de nuestro sistema legal, de supremacía que establece que un decreto no puede modificar ni derogar una ley del Congreso Nacional (leyes 24901, 23660, 23661 entre otras)».
Además, «se estaría corriendo encubiertamente la obligatoriedad que pesa sobre las Obras Sociales de responder a la cobertura por discapacidad, fijada por las leyes mencionadas, pasando todo a manos del Estado, con todo lo que ello traería aparejado», agrega.
«Como madre de un niño con discapacidad, además de abogada entiendo que es inaceptable la efectivización de este proyecto, es lo que repudiamos, ya que significaría que el Estado Nacional, a través de la Andis, disponga de los fondos para las prestaciones de discapacidad, lo que llevaría a una todavía más ineficiente cobertura de salud de la que padecemos actualmente», remarca.
«Es inaceptable que dejen fuera las terapias de rehabilitación que son la base del avance de las Personas con Discapacidad, las cuales les permiten intentar el desarrollo pleno de la persona tal como lo plantea la Convención de los derechos para las personas con Discapacidad como objetivo primordial», concluye.
