Fernando Casalino acordó en un juicio abreviado una sentencia de dos años y seis meses. El adolescente de 17 años fue asesinado por policías en agosto de 2020.
La Justicia de Córdoba condena este martes al empleado de la clínica que se negó a atender a Blas Correas, asesinado por policías en agosto de 2020, y recibirá una pena de dos años y seis meses.
Se trata de Fernando Casalino, empleado de la Clínica Aconcagua, que aquella madrugada se negó a que el menor de 17 años ingresara para ser atendido por el tiro que recibió en la espalda.
En un juicio abreviado en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, el hombre aceptó los cargos en su contra y le pidió perdón a la familia de Blas.
Soledad Laciar, madre de Blas Correas, contó: “Él dijo que se equivocó y por qué no creerle, Blas no está y eso no va a cambiar”.
“Tenemos que pensar en ser un poco más humanos, estoy convencida que la responsabilidad es de la Clínica; no argumentó tener orden de no hacerlo ingresar pero dentro de la clínica se tienen que haber escuchado los gritos”, indicó.
Y amplió: “Fernando fue el único que se acercó a hablar conmigo, de la clínica no se acercó nadie; si él no lo hizo entrar es porque había una bajada de línea de la clínica”.
Incluso, Fernando abrazó a Soledad y le pidió perdón. Ella en tanto, planteó que no lo echen de su trabajo.
El crimen fue el 6 de agosto de 2020 cuando el Gobierno autorizó las primeras salidas durante la cuarentena por la pandemia.
El 31 de marzo de este año, la Justicia condenó a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón de 33, por «homicidio calificado» por ser integrantes de la Policía, y «agravado por el uso de arma de fuego», y por «tentativa de homicidio», ya que Blas iba en un auto con otros cuatro amigos, quienes sobrevivieron a la balacera.
Fueron condenados otros policías, de acuerdo a su grado de responsabilidad en los hechos, ya que se habían puesto de acuerdo para «plantar» un arma en el auto de los jóvenes y de esa manera justificar los disparos contra ese vehículo.
En consecuencia, la agente Wanda Esquivel recibió tres años y diez meses de prisión, mientras que su compañera Florencia Martínez fue condenada a cuatro años y tres meses.
También fueron condenados el subcomisario Sergio González (cuatro años y diez meses), el comisario inspector Walter Soria (cuatro años y nueve meses), el comisario inspector Jorge Galleguillo (cuatro años y ochos meses), el oficial ayudante Ezequiel Vélez (dos años y medio), el cabo Leonardo Quevedo (cuatro años) y el comisario inspector Juan Gatica (cuatro años). En tanto, quedaron absueltos los agentes Rodrigo Toloza y Leonardo Martínez.
