El ministro de Gobierno habló con Cadena 3 y aseguró que irán «hasta las últimas consecuencias» y respaldó al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, se refirió al escándalo que sacude a la Policía de Córdoba, donde altos funcionarios fueron acusados de corrupción y delitos de larga data.
El comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, fue detenido el viernes junto a cuatro policías y dos civiles en una investigación por presunta asociación ilícita, coacción, extorsión y enriquecimiento ilícito.
La investigación, dirigida por el fiscal Guillermo González, reveló que los implicados, muchos de ellos con formación en abogacía, habrían utilizado información confidencial del sistema policial para obtener ventajas en litigios y negociaciones ilegales, generando una «competencia desigual» con otros profesionales.
En diálogo con Cadena 3, Calvo, reafirmó el «compromiso» del Gobierno provincial de «no tolerar la impunidad» y avanzar en la depuración de la fuerza policial.
Calvo fue tajante al señalar que el Gobierno provincial no detendrá ninguna acción para esclarecer los hechos investigados por el Poder Judicial. «La impunidad no tiene lugar en nuestra provincia», afirmó, subrayando que se actuará para garantizar que cualquier miembro de la Policía que haya delinquido sea juzgado y apartado de la institución. «El que comete un delito debe estar afuera», sentenció.
El ministro destacó que la mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de Córdoba «son profesionales que arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos», y aseguró que no permitirá que «unos pocos empañen el uniforme policial y la institución».
En este sentido, expresó que los hechos denunciados generan «indignación y dolor», garantizó que la institucionalidad está funcionando y que el Poder Judicial cuenta con todas las herramientas necesarias para avanzar «hasta las últimas consecuencias».
Uno de los puntos más debatidos durante la entrevista fue la responsabilidad del Gobierno provincial en la selección de los cuadros policiales, especialmente ante el hecho de que algunos de los involucrados en las acusaciones fueron ascendidos recientemente.
Calvo sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede prever delitos que no son de conocimiento público o que no cuentan con investigaciones judiciales previas. «Uno no puede garantizar si una persona promovida venía cometiendo un ilícito que fue ocultado», explicó a Cadena 3, añadiendo que, en ausencia de antecedentes, el Gobierno no tiene información para impedir un ascenso. «Cuando el Poder Judicial determina que hay que avanzar, se comunica y se actúa en consecuencia», afirmó, defendiendo la independencia del Poder Judicial y la colaboración del Ejecutivo.
En ese marco, añadió: «La institucionalidad funciona. Hay una independencia absoluta de los poderes y el Poder Judicial está actuando con el respaldo pleno del Ejecutivo», insistió Calvo, asegurando que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, trabaja con transparencia y orden en la gestión de la fuerza.
Calvo subrayó que el gobierno de Martín Llaryora mantendrá su apoyo irrestricto a las decisiones judiciales y a la depuración de la Policía, el servicio penitenciario y los bomberos. «La institucionalidad no se negocia, la impunidad no se negocia», recalcó, asegurando que se continuará trabajando para garantizar que los hombres y mujeres de bien en las fuerzas de seguridad puedan cumplir su labor sin que la institución se vea empañada por casos de corrupción.
El ministro también hizo una comparación con las acciones a nivel nacional lideradas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, según Calvo, actúa con la misma firmeza contra la corrupción en las fuerzas federales. «No puede haber una doble vara. No se debe utilizar una causa judicial para hacer política», afirmó, en un intento de desmarcar el tema de posibles aprovechamientos políticos por parte de la oposición.
«Comprendemos la sensación ciudadana. Es absolutamente indignante que personas que deben defender a los ciudadanos cometan delitos», expresó el ministro de Gobierno. Sin embargo, remarcó que la prioridad es garantizar que la Justicia actúe con celeridad y que los responsables sean apartados de la fuerza.
El ministro también defendió la gestión del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien, según Calvo, cuenta con el respaldo del gobernador Llaryora para continuar en su cargo. «El ministro viene trabajando con muchísima transparencia», aseguró a Cadena 3.
Calvo llamó a no generalizar sobre la Policía de Córdoba, destacando el compromiso de la mayoría de sus miembros. «Vamos a seguir avanzando en la depuración de la fuerza para que los hombres y mujeres que trabajan a diario para prevenir el delito y garantizar la seguridad pública puedan cumplir con su objetivo», concluyó.
FUENTE: (Cadena3).
