El Gobierno busca limitar cortes y la entrada de inmigrantes

El Ejecutivo nacional quiere agilizar la iniciativa que viene demorada. Sube la pena por entorpecer el tránsito y crea un delito para extranjeros.

El Gobierno nacional quiere presentar este mes al Congreso la reforma del Código Penal, iniciativa que, entre otros puntos, buscar limitar los cortes de calles y endurecer las sanciones a ciudadanos extranjeros que delinquen.

Los dos puntos que se cree van a generar más polémica son el aumento de las penas por cortar el tránsito vehicular y la creación de un delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes.

Mauricio Macri instruyó apurar los últimos detalles del texto para girarlo al Senado y que comience a discutirse luego del Presupuesto.

El tratamiento llevará su tiempo, en línea con el volumen de la reforma -el Código Penal se sancionó en 1921, se sucedieron parches y otras leyes- y la diversidad de temas.

Una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio, el Código pasará de 320 artículos a 540 y buscará sistematizar leyes con contenido penal que estaban dispersas. Será una de las discusiones que se moverá en el Congreso, en una etapa con baja actividad, algo que se potenciará en 2019 con la campaña.

En las últimas semanas funcionarios advirtieron que las marchas con cortes vienen aumentando desde agosto y que el control de la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno para lo que resta del año.

La crisis potenció los reclamos, aunque en la Rosada lo atribuyeron también a motivos políticos. Las organizaciones sociales replicaron las acusaciones y consideraron que se trata de una estrategia para criminalizar la protesta.

El nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial.

Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; según con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.

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